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28.10.25

La Fundación Pere Tarrés ha comparecido hoy en el Parlamento de Cataluña en el marco del debate sobre la proposición de ley de iniciativa legislativa popular de financiación del sistema educativo catalán, que reclama destinar un mínimo del 6% del PIB a educación.

Durante su intervención, el adjunto a dirección de la Fundación Pere Tarrés, Rafael Ruiz de Gauna, ha reclamado la necesidad de incrementar la inversión educativa. “La educación es imprescindible para hacer crecer a las personas, ofrecer sentido y oportunidades, y generar cohesión social para no dejar a nadie atrás”, ha afirmado, y ha defendido una visión integral e inclusiva del sistema educativo catalán, que vaya más allá del ámbito escolar e incorpore a todos los actores que contribuyen a la educación a lo largo de la vida, como los proyectos de ocio educativo basados en la iniciativa social.

En este sentido, ha reclamado fortalecer la escuela pública y dotar de una financiación suficiente y equitativa a la escuela concertada, pero también garantizar un verdadero reconocimiento al valor pedagógico de los proyectos de educación en el tiempo libre, “espacios de desarrollo de competencias relacionales y lingüísticas de primer orden, y espacios de referencia y afecto”.

“En verano, ¿qué pasa con los casi tres meses en que la actividad lectiva se interrumpe? ¿Qué hacemos con los más de 190.000 niños que tienen becas comedor para garantizar una comida diaria saludable y equilibrada? ¿No comen en verano? Hoy, las principales desigualdades y discriminaciones se dan en esta educación fuera de la escuela o educación 360º, y hacen falta prioridades y recursos económicos”, ha denunciado Ruiz de Gauna, quien ha recordado que, según el informe anual de la Síndica de Greuges de Cataluña, la mitad de los niños catalanes no participan en actividades de ocio, y que esta situación se agrava entre los más vulnerables, con más de 30 puntos de diferencia.

Durante su intervención, Ruiz de Gauna ha reclamado mejorar las condiciones laborales “precarias e injustas” de los profesionales del sector social y ha pedido repensar los mecanismos de relación entre las administraciones públicas y las entidades que prestan servicios educativos y sociales.

“Ahora hacen falta sobre todo políticas, presupuestos y compromisos de los diferentes partidos a medio y largo plazo, con instrumentos claros y sólidos que den estabilidad en beneficio de la infancia de Cataluña”, ha concluido, haciendo un llamamiento a todas las fuerzas políticas para lograr un pacto por la educación que garantice este incremento de la financiación. Lo ha hecho después de recordar que ya existen marcos legales, como la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que fijan este mínimo del 6% del PIB, pero que esta legislación no se ha desarrollado. “Hacen falta más políticas, más desarrollo, más presupuestos y más inversión priorizada, y quizás no más leyes que puedan quedar en papel”, ha advertido.