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03.03.26

Año tras año, los datos oficiales evidencian que la vulnerabilidad infantil crece. Los últimos datos del Idescat muestran que un 36,5% de los catalanes menores de 18 años, 490.000 niños y jóvenes, se encuentran actualmente en situación de riesgo de pobreza. Una vulnerabilidad que es un claro factor de riesgo para que estos niños acaben necesitando medidas públicas de protección o directamente sean institucionalizados en centros residenciales.

Actualmente, según datos recientes de este mismo mes de enero, cerca de 8.800 niños y adolescentes tienen algún grado de protección pública o tutela en Cataluña por parte de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat, y más de la mitad, 5.237, están actualmente institucionalizados, es decir, acogidos en un centro residencial. La administración los ha considerado en situación de desamparo, es decir, se han identificado carencias en el cuidado y atención a los niños, niñas y adolescentes, y por ello es necesario aplicar una medida que implique la separación del núcleo familiar.

Cuando se llega a este extremo es porque han fracasado otras medidas, y este hecho puede estar ocasionado por múltiples factores. La Fundació Pere Tarrés y la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas pusieron en marcha en 2022 el proyecto “Somos Voz”, financiado por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation y por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con el objetivo de minimizar estas situaciones tan traumáticas y detectar y combatir los factores de riesgo que las originan, y que ahora se pone a disposición de la ciudadanía.

El proyecto se dividió en tres bloques: en un primer momento, se analizó el actual sistema público de protección de la infancia y la adolescencia, con el objetivo de conocer los circuitos y procedimientos implicados en el proceso de desamparo y acogida y, sobre todo, determinar los factores de riesgo que pueden provocar que una familia pierda la tutela sobre un niño o adolescente: carencia de habilidades parentales, dificultades económicas, usos problemáticos de las pantallas, falta de una red de apoyo adecuada, absentismo escolar y, en los casos más graves, malos tratos, abusos sexuales o acciones delictivas, entre otros.

Una vez identificados los procedimientos y los factores de riesgo, las entidades diseñaron un modelo pedagógico preventivo, co-creado con la colaboración de profesionales educativos, niños, adolescentes y familias, que supliera las carencias del sistema actual y pudiera ser replicable en diversos contextos.

Una vez finalizada la propuesta de modelo, el tercer bloque consistió en testarlo en un entorno real, los centros socioeducativos gestionados por las dos entidades coordinadoras, a través del método científico del “doble ciego”: el método se aplicó solo en algunos centros y en otros no, para poder comparar los resultados. Durante dos cursos participaron 549 niños y jóvenes y un centenar de profesionales de 39 centros socioeducativos y centros abiertos (25 centros donde se aplicó la metodología y 14 que sirvieron como grupo control) ubicados en 9 comunidades autónomas de todo el Estado.

Un modelo efectivo y replicable

El proyecto pedagógico resultante pone el foco en los niños, sus familias y su red comunitaria, y actúa tanto en los centros socioeducativos como en los hogares y en la comunidad donde se integran. A través de diversas metodologías, propone el desarrollo de 8 programas educativos diferentes (acompañamiento psicológico, acompañamiento socioeducativo en entornos familiares, habilidades parentales, aprendizaje escolar, participación infantil, ocio, deporte y cultura, habilidades socioemocionales y prevención de violencias).

Las valoraciones finales tras el periodo de testeo evidenciaron mejoras muy significativas en diversos aspectos que incidían directamente en los factores de riesgo detectados al inicio del proyecto. Por ejemplo, en la distensión de las relaciones familiares (un 71% de los niños y familias afirmaron que se redujeron las discusiones en casa gracias a las estrategias parentales aprendidas) o en la mejora de los resultados académicos (el 20% de los participantes pasó de una media de “bien” a “notable” en su expediente tras el proyecto).

También mejoraron aspectos como la interrelación familia-escuela (en este periodo aumentó en 44 puntos, del 3% al 47%, el número de familias que asistieron a tres o más reuniones en las escuelas o institutos) o la participación en espacios comunitarios (el 55% de las familias participaron en actividades culturales, deportivas o de ocio del barrio, 13 puntos más que al inicio del programa).

El modelo pedagógico se ha diseñado para que pueda ser replicable en distintos contextos y, ante la evidencia de que mejora de forma significativa diversos aspectos que ayudan a prevenir la institucionalización de niños en contextos vulnerables, las entidades coordinadoras lo han puesto a disposición de la ciudadanía para que pueda aplicarse en otros proyectos socioeducativos. En concreto se puede descargar aquí.

Fomentar la participación de niños y jóvenes

Por otra parte, las conclusiones extraídas del testeo del proyecto en los centros y de la evaluación final también han permitido identificar qué aspectos deben mejorarse en el sistema público de protección de la infancia y la adolescencia en todo el Estado para hacerlo más efectivo y preventivo.

Así, el programa pedagógico se complementa con una serie de propuestas, como unificar los recursos que reciben las distintas comunidades autónomas y homogeneizar el modelo de atención a las familias en situación de riesgo social; contar con la participación de niños y adolescentes en la definición de políticas públicas y situar a las familias en el centro de la intervención; incorporar en los centros socioeducativos equipos multidisciplinares (educadores y trabajadores sociales, psicólogos, equipos especializados en contextos vulnerables) que permitan una visión global; incorporar en los procesos educativos y sociales otros espacios relacionados con niños, niñas, adolescentes y familias (centros sanitarios, espacios comunitarios…); o mejorar las condiciones laborales de los profesionales, entre otras medidas.

Una de las ideas clave del programa es situar a los niños y adolescentes en el centro del proceso socioeducativo y fomentar su participación. Hoy mismo, una quincena de chicos y chicas de diferentes edades del Centro Socioeducativo Poblenou de la Fundació Pere Tarrés participan en una asamblea en la que reflexionan sobre qué pueden hacer los niños y jóvenes desde su día a día para construir sociedades menos desiguales y más inclusivas.

Se necesitan más recursos

A pesar de estas evidencias de mejora que inciden directamente en la prevención de situaciones que pueden conducir a la institucionalización de niños y adolescentes, la aplicación del proyecto queda ahora limitada por la falta de financiación continuada. Por ello, la Fundació Pere Tarrés y la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas han reclamado a las administraciones que inviertan muchos más recursos en proyectos como este, que intervienen directamente en la prevención de la institucionalización de la infancia vulnerable.

“Existe un alto consenso en que los temas de infancia deberían ser una prioridad, pero hay un bajo compromiso. En los presupuestos de la Generalitat no vemos reflejado ningún acuerdo sobre este tema: no hay presupuesto para la pobreza infantil”, lamentó Rafael Ruiz de Gauna, director adjunto de la Fundació Pere Tarrés y responsable de la red de centros socioeducativos de la entidad.

• Modelo de innovación pedagógica para la prevención de la institucionalización de la infancia vulnerable
• Propuestas pedagógicas derivadas del programa de innovación pedagógica