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22.12.20

La brecha de género, la desigualdad entre hombres y mujeres, está todavía muy presente en nuestra sociedad. El sistema penitenciario español es un ejemplo y hemos hablado con Judith Ballestero, que ha analizado con una visión de género el sistema penitenciario español en su Trabajo de Final de Grado de Educación Social de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull, para que nos explique de qué manera afecta a las presas.

- Tu trabajo trata la visión de género al sistema penitenciario español. ¿Por qué elegiste este tema?

Considero que el colectivo de personas privadas de libertad está olvidado e invisibilizado y se dedican pocos recursos puesto que tiene nula rentabilidad política. Nuestra socialización se ha basado en la cultura punitiva por la cual la prisión ha sido la medida opresora por excelencia y contemplamos la reclusión como la única vía sancionadora que merece todo el mundo que infringe la ley. No hemos sido educados para tratar de entender el trasfondo estructural de la comisión de algunos delitos ni para plantear los mayores beneficios que se extraerían con otras medidas alternativas. Hay que trabajar por un cambio de cultura sancionadora a educadora e incluir el derecho a las segundas oportunidades.

Investigando los precedentes de estudios sobre delincuencia, me di cuenta que las teorías iniciales se habían basado en explicaciones poco contrastadas y completamente androcéntricas que reflexionaban únicamente sobre el hombre delincuente y consideraban la mujer una homóloga de éste. Aun así, las criminologías feministas surgidas hace 80 años han demostrado las diferentes etiologías y tipologías delictivas que distinguen los dos géneros. Esta falta de consideración generalizada desciende de la sociedad históricamente patriarcal en la que vivimos y todo esto yace en la raíz de la desigualdad que actualmente sufren las mujeres en el sistema carcelario presente, pues las políticas están pensadas y diseñadas por y para los hombres.

Me pareció interesante visibilizar la injusticia social que sufren las mujeres en el circuito penal y recalcar el doble estigma que arrastran cronológicamente, puesto que no solo se las ha considerado transgresoras de la ley penal sino de las normas sociales atribuidas a las mujeres.

- En términos de igualdad de género es evidente que todavía queda mucho camino a recorrer en nuestra sociedad. ¿Crees que la brecha es todavía más grande cuando hablamos de mujeres presas? ¿Qué tipo de discriminaciones sufren por el hecho de ser mujeres?

Sin duda, sí. Sufren una violencia estructural desde la base de nuestro sistema penitenciario, ya que la Ley General Penitenciaria de 1979 (primera al imponer la igualdad de penas entre géneros), solo menciona específicamente a las mujeres en 6 del total de sus 80 artículos, y solo para referirse a temas biológicos, asistenciales y reproductivos. Esto prueba que todo el modelo carcelario está pensado por la tipología delincuencial y perfil social de los hombres. Obviar algo tan básico, para mí es también un tipo de violencia hacia ellas.

A pesar de que la ley mencionada también se mostró simpatizante con las instituciones exclusivas de mujeres, la realidad es que en España solo existen 4 centros dispersos y alejados de los hogares de muchas presas (contradiciendo el arte. 12 (LOGPE) de evitar el desarraigo). Esto propicia el aislamiento de los círculos sociofamiliares, con las secuelas psicológicas correspondientes, que dificultan la integración al medio cerrado, la concesión de regímenes de semilibertad, así como la reinserción postpenitenciaria. La mayoría de las reclusas se encuentran en pequeños módulos o prisiones reducidas de mujeres dentro de grandes prisiones por hombres, generalmente gestionadas por un jefe único que aplica una política institucional donde prevalece la mayoría y sin deparar en la minoría de mujeres.

La falta de espacio empeora las condiciones de habitabilidad, más todavía cuando tienen hijos y no disponen del espacio óptimo, y también imposibilita la separación de las reclusas por grados o tipos de delito, cosa que condiciona una convivencia prosocial entre ellas (necesidad requerida en el art. 8 y 16 (LOGP)). Se destaca también una menor oferta y menos variada de programas de tratamiento y actividades (de ocio, culturales y formativas) que tienden a reproducir los roles de género y el papel tradicional de ésta, perpetrando la feminización de la pobreza. Asimismo, destaca hacia ellas un enfoque mucho más psicoterapéutico y medicalizado, y estudios confirman un trato del personal menos benévolo, imponiendo así estereotipos de la feminidad.

- ¿Cuál (o cuáles) tiene que ser la institución que inicie un cambio en esta tendencia?

Ya sea desde un nivel más micro o macro, son muchos los puntos desde donde se puede iniciar el llamamiento de estos cambios. Podría ser la sociedad feminista creciente, en una práctica máxima de empatía y abandono de la manera tradicional de pensar en la delincuencia (para la que no hemos sido educados), o bien las familias de las presas o las propias ex-reclusas, los agentes promotores de una iniciativa legislativa popular que pidiera condiciones pensadas específicamente para ellas; si bien últimamente han surgido grupos de denuncia de este tipo, la falta de apoyo social y político los ha obligado a desaparecer.
Habría que luchar para hacer efectivo un enfoque de género en todos los niveles estatales, de manera tranversal, no solo en el ámbito penitenciario; aun así, estas pretensiones se ven obturadas por la visión androcéntrica que todavía prevalece. Trabajar desde un enfoque de género permitiría dar respuestas equitativas, contemplando la historia, la estructura social y la subjetividad de cada cual. Paralelamente, habría que evaluar periódicamente los organismos de igualdad y las políticas implementadas por parte del departamento competente y de los centros penitenciarios, en este caso, para asegurar la efectividad.

- ¿Propones algún cambio en el sistema penitenciario para acabar con esta desigualdad?

Primeramente creo que se tendría que deconstruir la idea que tenemos del tratamiento tradicional de la delincuencia, para centrarnos en otros modelos que realmente reeduquen e integren, basándonos en los estudios empíricos hechos a nivel nacional e internacional que demuestran praxis de éxito, así como las características particulares de los perfiles delictivos y sociales de las mujeres.

Se podría destacar que el tipo de delitos predominantes en mujeres son de carácter económico y acostumbran a delinquir solas o bien como parte de la red delictiva familiar. A menudo son jefas de familias monomarentales, así como tienen otros familiares dependientes a su cargo. Acostumbran a ser supervivientes de una infancia marginal, carente de oportunidades y con un historial de maltratos físicos y/o psicológicos. Predominan las pocas oportunidades educativas y también menos opciones laborales y más precarias. Los estudios demuestran niveles superiores de ansiedad al ingresar en la prisión y una baja autoestima, todo en relación con el fracaso que sienten a nivel personal y del rol asignado (mujer, madre abandonadora y esposa). Son frecuentes las bajas habilidades sociales y problemas de relación, así como destacan por los problemas de drogadicció y salud mental.

Mi propuesta, pues, seria únicamente construir un modelo nuevo de institución concreto para ellas y no incurrir en el error de “adaptar” el que ya existe, pues seria validar la idea del hombre como centro normativo y la mujer como la desviación que requiere una mera adaptación. El éxito se obtendrá cuando se piense en la mujer que delinque como un colectivo único.

- ¿Confías en el funcionamiento del sistema penitenciario español (independientemente del género) en cuanto a la reinserción en la sociedad de los presos?

La prisión como medida de aislamiento del delincuente fue creada para proteger la sociedad de los delitos violentos, los cuales conforman una pequeña parte del total de los cometidos por los hombres, y todavía menos por las mujeres; esto hace dudar de la adecuación del uso que se da en la actualidad e incita a pensar en alternativas más justas y eficientes.

También es interesante reflexionar sobre corrientes de pensamiento que afirman que la prisión no sirve como elemento de prevención ni reinserción; contrariamente, supone un fracaso como elemento resocializador y agrava los problemas sociales al contemplar los delitos como fruto de la ética individual y obviando los condicionantes sociales y estructurales del sistema. Por otro lado, resulta limitante pensar en una acción educativa en un medio tan cerrado y reglado en el cual falta la elección personal, pues no se cuenta con espacio para la responsabilidad. Habría que emplear la prisión como un espacio de reflexión donde aceptar el delito, las responsabilidades y repercusiones subyacentes, así como la voluntad de cambio.

Por último, hay que pensar que el castigo individual carece de utilidad como solución o restablecimiento del mal hecho, elemento olvidado durante décadas y que relegaba el papel y necesidades de la víctima, elemento valioso en el delito. La justicia restaurativa, por suerte, va haciendo camino al dar respuestas a la criminalidad de una manera más justa y humana.

- ¿Cómo se puede ayudar, desde la perspectiva de la educación social, a reducir esta brecha?

La educación social es clave en este proceso, puesto que vela por un desarrollo justo y equitativo de la vida humana, a la vez que promueve prácticas liberadoras y reflexivas que inducen al pensamiento crítico que hace falta para fortalecer la sociedad y hacerla protagonista de derechos.

Desde fuera del medio cerrado, la educación social actúa como agente de sensibilización que potencia la educabilidad de la sociedad en materia penitenciaria, visibilizando la capacidad de progreso e inculcando el derecho a las “segundas oportunidades”. También es agente educativo en materia de género, promoviendo el feminismo y velando porque cuando las presas recuperen la libertad, no sufran nuevamente discriminaciones por razón de género. Así mismo, colaboramos al tejer un entorno social que se corresponsabilice de la reinserción efectiva de las mujeres, a la vez que minimice el doble el estigma de la “mujer delincuente”. Dentro de la prisión, la educación social tiene el papel de promover una visión de género que diseñe abordajes focalizados en las especificidades de las mujeres. Hace falta más formación en género a los profesionales en general y del ámbito penitenciario en particular, puesto que es una visión que no está integrada transversalmente en el sistema educativo.

En definitiva, la educación social tiene que ser responsabilidad de todos como forma de conciencia colectiva. Cada cual tiene que aportar su granito de arena y, si se tercia, que estemos los educadores sociales acompañando los procesos de desarrollo. Espero que, en un futuro, la igualdad de género sea algo normalizado y no se tenga que enseñar expresamente a la sociedad.