La Fundación Pere Tarrés forma a «antenas comunitarias» para detectar y prevenir las estafas digitales dirigidas a las personas mayores.

La ciberdelincuencia está experimentando un fuerte crecimiento en el Estado: en 2023 se registraron 472 125 delitos de este tipo, lo que supone alrededor del 19 % del total de delitos penales, según el Informe sobre la ciberdelincuencia en España. El delito claramente predominante es el fraude informático, que representa aproximadamente el 90 % de los casos. Se trata de delitos que afectan principalmente a colectivos que han tenido dificultades para adaptarse a los crecientes cambios tecnológicos provocados por la digitalización de la sociedad, como las personas mayores: la exposición al fraude y a otras formas de ciberdelincuencia aumenta exponencialmente cuando tareas sencillas, como realizar compras, gestionar operaciones bancarias o comunicarse, deben llevarse a cabo en línea utilizando herramientas con las que muchas personas no están familiarizadas.

Según el mismo informe, las personas mayores no son, en términos absolutos, el colectivo más afectado por este tipo de delitos, pero constituyen un grupo demográfico especialmente vulnerable: en 2023 se denunciaron más de 38 000 fraudes informáticos cometidos contra personas mayores de 65 años. Además, algunos datos de una encuesta realizada por el medio de comunicación 65ymás ponen de manifiesto la preocupación de muchas personas de este grupo de edad respecto a este tipo de delitos: el 84 % de las personas mayores temen ser víctimas de estafas en línea, mientras que el 21,8 % admite haberlo sido. Un porcentaje que se eleva al 28,2 % entre las personas mayores de 80 años.

Estos son los datos recogidos en el informe «La ciberdelincuencia entre las personas mayores: prevención, detección y apoyo para visibilizar la realidad», eje central de un proyecto que la Fundación Pere Tarrés ha puesto en marcha este curso académico con el objetivo de empoderar a las personas mayores, dotándolas de herramientas para combatir estos delitos cibernéticos y prevenir la revictimización. El proyecto surge de la constatación de que, si bien los programas de alfabetización digital para personas mayores han aumentado en los últimos años, casi no existen espacios que aborden esta cuestión desde una perspectiva comunitaria y de apoyo emocional.

Por este motivo, la primera fase de este programa ha consistido en elaborar una propuesta pedagógica para trabajar este empoderamiento emocional y prevenir la revictimización y la estigmatización, lo que ha dado lugar a una docena de talleres prácticos en diversos centros de personas mayores gestionados por la Fundación. En estas sesiones, se forma y se apoya a las personas para que comprendan y reconozcan las emociones que experimentan cuando se convierten en víctimas de este tipo de delitos. Al mismo tiempo, se les proporciona información sobre los canales de apoyo y denuncia disponibles, lo que contribuye a romper el silencio y los sentimientos de culpa o vergüenza que pueden acompañar a estas experiencias. Cabe señalar que existe una tasa muy elevada de falta de denuncia en este colectivo: según un estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, solo ocho de cada diez víctimas de fraude digital mayores de 55 años denuncian el incidente a la policía.

La propuesta pedagógica incluye el diseño de materiales y herramientas propios, desarrollados en colaboración con algunas de las personas que participaron en los talleres, como una guía o un conjunto de herramientas para formadores. El proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que publicará y pondrá a disposición estos materiales formativos para todos aquellos espacios de todo el país en los que se desarrollen actividades dirigidas a personas mayores.

En una segunda fase del proyecto, este apoyo emocional se trasladará desde los centros cívicos a instalaciones comunitarias, como bibliotecas o centros sociales, así como a espacios cotidianos que puedan servir de punto de referencia para algunas personas mayores, como farmacias o asociaciones de vecinos. La iniciativa prevé la formación de profesionales y agentes locales para que actúen como «centinelas comunitarios», capaces de detectar posibles casos de cibervictimización, ofrecer una acogida inicial empática y facilitar la orientación hacia los servicios y recursos en caso de que las personas que hayan sido víctimas de estafas digitales necesiten apoyo.