COMPROMISO EDUCATIVO Y SOCIAL

La protección a la infancia no puede seguir siendo una simple declaración de intenciones: debe convertirse en una prioridad estructural y efectiva. Con los datos actuales se evidencia que la violencia contra niños, niñas y adolescentes está presente a nuestro alrededor y a menudo es invisibilizada. Desgraciadamente, no es un fenómeno marginal ni excepcional, sino una problemática que atraviesa la sociedad y necesita respuestas claras y decididas. Ante esta realidad, construir entornos protectores y seguros no se convierte en una opción, sino que es una responsabilidad de todas y todos.

En los últimos años, conceptos como buen trato, consentimiento o entorno protector han entrado con fuerza en el debate educativo y social, especialmente a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). Pero más allá de la terminología, la pregunta clave es: ¿Estamos transformando realmente las prácticas y las culturas institucionales para garantizar la protección efectiva de los niños y niñas?

La protección integral de la infancia no es solo una cuestión de sensibilidad; es una obligación jurídica y ética. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos, con voz propia y capacidad de participación. En el ámbito catalán, la Ley 14/2010 de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia (LDOIA) establece el derecho de los niños y niñas a ser escuchados y protegidos y a crecer en entornos seguros, familiares y educativos que favorezcan su desarrollo integral. Por tanto, no hablamos solo de una opción pedagógica: hablamos del cumplimiento efectivo de derechos fundamentales.

En este marco, un entorno protector es mucho más que un espacio físico libre de riesgos; debería ser un contexto relacional, emocional y educativo que garantice seguridad, respeto y desarrollo. Debería ser un espacio en el que hubiera apoyo afectivo y confianza, donde se promoviera la autonomía y el aprendizaje, y donde niños, niñas y adolescentes pudieran participar, expresarse y ser escuchados. La protección no consiste únicamente en evitar el maltrato, sino que sobre todo implica generar activamente condiciones de buen trato.

Para que estos entornos sean reales y no solo discursivos, es necesaria una estructura sólida. Esto implica disponer de protocolos claros de actuación frente a situaciones de riesgo, establecer códigos de conducta explícitos y compartidos, garantizar la formación específica de los equipos educativos y designar figuras de referencia como el delegado o delegada de protección. También requiere elaborar mapas de riesgos participativos y habilitar canales de comunicación accesibles y confidenciales para los niños, niñas y adolescentes.

La prevención y sensibilización deben ser el eje central de esta transformación, pero desgraciadamente a menudo se actúa cuando el daño ya se ha producido. El reto es anticiparse, identificar vulnerabilidades y minimizar riesgos antes de su materialización. La cultura del buen trato debe construirse de forma consciente, sistemática y transversal en todos los espacios educativos y de tiempo libre.

En este sentido, entidades como la Fundación Pere Tarrés sitúan la protección y el acompañamiento a la infancia como una de sus principales líneas de actuación, apostando decididamente por la creación y promoción de entornos protectores y seguros. Esta apuesta evidencia que la protección no es solo un marco normativo, sino un compromiso pedagógico y social.

Sin embargo, el verdadero reto es convertir el buen trato en un hábito activo y consciente. Es necesario adoptar, en todos los espacios y servicios infantiles, prácticas de cuidado emocional y relacional que repercutan en el bienestar físico y psicológico de todas las personas que forman parte de estos espacios y servicios. Eso implica revisar formas de comunicarnos, de ejercer la autoridad, de gestionar los conflictos y de promover la participación real de los niños y niñas.

Garantizar la protección integral de los niños y niñas va mucho más allá del cumplimiento legal. Es una responsabilidad colectiva que interpela a instituciones, profesionales, familias y sociedad en general; es una apuesta ética por una comunidad que cuida, escucha y respeta los derechos de los niños y niñas. Si queremos una sociedad más justa, debemos empezar por asegurar que cada niño, niña y adolescente se sienta seguro, mirado, escuchado, valorado y respetado. Solo así construiremos entornos que no solo protejan, sino que también hagan crecer.