COMPROMISO EDUCATIVO Y SOCIAL

Cataluña es una sociedad plural en muchos sentidos, y la diversidad religiosa es una dimensión cada vez más visible. Más allá de la práctica espiritual, esta pluralidad se concreta en comunidades que sostienen una vida asociativa intensa y que, a menudo de forma discreta, impulsan acciones de apoyo social en sus barrios y municipios. Hablamos de entidades y comunidades de confesiones no católicas que organizan iniciativas de acogida, ayuda material, acompañamiento y cuidado, y que contribuyen a la cohesión social desde un trabajo de proximidad que no siempre es suficientemente conocido y reconocido. 

Esta realidad es el punto de partida del estudio La acción social de las entidades religiosas minoritarias, elaborado desde el área de Consultoría y Estudios por encargo de la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya. A partir de una aproximación cualitativa a once estudios de caso de entidades de once confesiones diferentes, la investigación ha puesto el foco en la necesidad de visibilizar y entender el papel social de estas comunidades; atender a la diversidad de valores que justifican y sustentan la acción social desarrollada por cada confesión; detectar retos, necesidades y potencialidades y plantear líneas de mejora en la coordinación entre entidades religiosas, administración pública y TSAS. Más allá de su carácter descriptivo, el estudio es una primera aproximación que invita a repensar la acción social en un país diverso, y a hacerlo desde una perspectiva intercultural e interreligiosa que reconozca a todos los actores que, desde diferentes motivaciones y formas de organización, contribuyen al bien común. 

Cuando nos acercamos a estas iniciativas, emerge una característica común: su dimensión comunitaria y de proximidad. Muchas comunidades funcionan como redes de apoyo inmediato para personas que, por motivos sociales, económicos o administrativos, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Esta ayuda puede ser material, como la distribución de alimentos o asistencia puntual ante una urgencia, pero también puede ser orientación para encontrar trabajo, refuerzo escolar, acompañamiento en trámites, apoyo emocional o espacios de socialización que combaten la soledad y el aislamiento. A menudo no son “servicios” en el sentido formal, sino respuestas comunitarias basadas en el vínculo, la confianza y el conocimiento de las necesidades reales del grupo y del territorio. 

Entre los principales retos identificados, encontramos que el fuerte arraigo relacional y comunitario de la acción social de las entidades religiosas minoritarias, a menudo discreta y poco formalizada, hace que, en ocasiones, quede fuera de los mapas y circuitos habituales del tercer sector y del radar institucional. A este factor se suman también cuestiones contextuales y simbólicas, como son una mirada pública que tiende a relegar la religión a la esfera privada o la preeminencia histórica del catolicismo. Todos estos elementos dificultan la construcción de alianzas, la coordinación entre actores y el acceso a determinados recursos clave, comprometiendo la sostenibilidad de algunos proyectos o limitando su alcance. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la gran mayoría de las iniciativas dependen de donativos y voluntariado, con un alto grado de fragilidad organizativa y dependencia de figuras clave, lo que limita la planificación y la continuidad de algunas de ellas. Por último, la falta de protocolos estables de colaboración con administración y TSAS —especialmente en ámbitos como hospitales o prisiones—, junto con los estereotipos y prejuicios que a menudo pesan sobre algunas comunidades, impide consolidar colaboraciones sólidas y duraderas. 

Ante este conjunto de retos, el estudio ha propuesto varias líneas de acción y recomendaciones que apuntan tanto a un cambio de mirada como a medidas concretas a desarrollar desde la administración pública y las propias comunidades. En primer lugar, resulta central reconocer la pluralidad de formas y contenidos de la acción social de las distintas confesiones religiosas. Las nociones de caridad, solidaridad, comunidad o dignidad, sobre las que se sustenta la acción social, fundamentalmente católica, no son universales ni necesariamente compartidas entre todas las tradiciones. Igualmente, el estudio ha permitido poner de manifiesto la forma en que, para buena parte de las comunidades religiosas —no solo aquellas no católicas—, la acción social no es concebida como una actividad instrumental añadida ni como una respuesta circunstancial a necesidades del contexto, sino como una deuda religiosa y moral; una dimensión central del propio universo religioso del que forman parte y de la vida comunitaria que la práctica religiosa ayuda a tejer. Este es un matiz fundamental para entender y contextualizar la acción social de toda comunidad religiosa y el alto grado de informalidad que a menudo presentan muchas formas de ayuda mutua intracomunitaria. 

Por último, es importante que un último principio orientador sea animar a la complementación y el trabajo conjunto de esta acción social propia de las entidades religiosas con los servicios pertinentes de los que dispone el tercer sector y, en concreto, el sector público. Las entidades religiosas llevan a cabo funciones asistencialistas de primera línea, por lo que muchas de estas comunidades acaban dando cobertura a necesidades básicas allá donde determinados servicios públicos no llegan, sea por falta de recursos o por las dificultades de mantener un contacto estable con determinados perfiles que sí encuentran en las comunidades religiosas un espacio seguro de acompañamiento. Por eso es clave poder articular esta acción social de forma conjunta, entre mecanismos de acción social públicos y la acción de las comunidades religiosas como una herramienta para garantizar la atención, y la garantía de determinados derechos básicos y el acceso a recursos y servicios, protegiendo la dignidad e integridad de estas comunidades. 

Por un lado, es necesario reforzar el papel de las comunidades religiosas como “puente comunitario” hacia derechos y recursos, aprovechando la confianza y la proximidad que tienen con colectivos que a menudo quedan fuera de los circuitos ordinarios. Para ello, es imprescindible establecer canales estables de interlocución técnica con la administración que eviten que la relación quede filtrada principalmente por vías securitarias o policiales, con los riesgos de estigmatización y criminalización que ello conlleva. En paralelo, conviene mejorar los circuitos de derivación y coordinación con servicios sociales y el tercer sector, dotándolos de protocolos claros que aseguren continuidad, criterios compartidos y respuestas eficientes frente a necesidades de alta demanda (acogida, alimentación, acompañamiento y gestión de crisis). 

Por otra parte, es necesario impulsar una formación mutua y bidireccional: que los profesionales adquieran competencia cultural y religiosa aplicada para evitar malentendidos y aprovechar mejor las oportunidades de colaboración, y que las comunidades dispongan de herramientas para orientarse en el sistema institucional y administrativo. Igualmente, es clave un mapeo operativo periódico que haga visibles capacidades, recursos y puntos de contacto, detecte carencias y permita planificar colaboraciones con conocimiento de la realidad territorial. Por último, debe facilitarse la cooperación estable con el tercer sector y las redes comunitarias de barrio y entes locales, generando una red de solidaridad bidireccional que amplíe el tejido de asistencia, reduzca conflictos y fortalezca la cohesión social desde la proximidad. 

En conclusión, reconocer y fortalecer la acción social de las comunidades religiosas minoritarias no es solo una cuestión de visibilidad, sino una apuesta estratégica por una acción social más justa, eficiente y ajustada a la realidad plural de Cataluña. Situar a estas comunidades como agentes de proximidad y “puentes” hacia derechos y recursos, dotarlas de canales estables de interlocución y coordinación e impulsar la formación mutua y la cartografía de capacidades puede contribuir decisivamente a superar la fragilidad actual, reducir estigmas y aprovechar mejor el potencial comunitario existente. Articular, desde una perspectiva intercultural e interreligiosa, la complementariedad entre administración, TSAS y comunidades religiosas es, en última instancia, una vía para garantizar derechos básicos, reforzar la dignidad de las personas y consolidar una cohesión social basada en el reconocimiento y la cooperación.