EDUCACIÓN SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 representó el momento de máxima consciencia ética sobre la necesidad de definir unos criterios fundamentales de carácter universal sobre el respeto a la dignidad humana.

La evidencia de las atrocidades que se produjeron a lo largo de la primera mitad del siglo XX llevaron al convencimiento que no se podía demorar más la construcción de este marco general que concretara las aspiraciones morales de un mundo más justo: un pacto explícito para definir los límites dentro de los cuales enmarcar la convivencia entre las personas y los pueblos.

Desde entonces, se pueden constatar diversos aspectos:

Que los Derechos Humanos son una construcción dinámica y, en consecuencia, han ido evolucionando a medida que la sociedad ha incorporado formas más elaboradas de concebir qué significa una vida digna. Un ejemplo claro es la incorporación de aspectos como puede ser la convivencia global entre pueblos, la preocupación ambiental y ecológica o los deberes hacia las generaciones futuras.

Que los Derechos Humanos han de entenderse como una globalidad y que su implementación no puede ser selectiva.

Que esta evolución e integración ha tendido a ser de carácter teórico y que su concreción en evidencias tangibles para la población queda lejos de lo que sería deseable en amplias zonas del mundo. Al contrario, el nivel de sufrimiento y tragedia en el mundo no ha dejado de aumentar.

Que la declaración de Derechos Humanos necesariamente ha de ser traducida en estructuras jurídicas que permitan pasar de las intenciones (lo declarativo) a evidencias tangibles (los hechos o resultados).

Una primera conclusión a la que podemos llegar es que los ideales sobre cómo quisiéramos vivir, en gran medida siguen en una esfera ideal, pero es difícil ver de qué manera se han llegado a concretar en acciones específicas dentro de la gran diversidad de sensibilidades que conviven en la sociedad. Para que tengan sentido, los Derechos Humanos no pueden quedarse en un deseo o una aspiración abstracta y retórica: de una forma u otra han de verse reflejados en la vida cotidiana de las personas para que realmente aporten bienestar a la ciudadanía.

De esta conclusión pueden emerger dos grandes retos:

Es imprescindible el desarrollo de políticas que estén claramente alineadas con los Derechos Humanos tanto en su formulación como en su implementación real y efectiva. El paso de un ideal de justicia a una norma concreta en un escenario delimitado implica siempre un reduccionismo y una devaluación. El problema entonces está en cómo asegurar que los Derechos Humanos, en tanto que aspiración ética, no pierden su sentido en el momento que se ubican en un marco legal y en unas políticas concretas.

En segundo lugar, que la promoción de los Derechos Humanos requiere de una alerta permanente, de una atención constante para mantenerlos y, especialmente, para no perderlos. Si algo ha aprendido la humanidad a lo largo de la historia es que los grandes logros en materia de dignidad se producen después de haber pagado un alto precio pero que, además, es relativamente fácil devaluarlos si no hay una conciencia clara del riesgo de perderlos.

En consecuencia, es responsabilidad de la ciudadanía ser activos en la promoción de los Derechos Humanos y en estar alertas frente a situaciones que los amenazan.

Una especial responsabilidad la tienen los profesionales que, en su práctica profesional, tienen una posición privilegiada para este cometido: estar alertas, dar el aviso, ser críticos.

Por ello creemos que la formación de los profesionales para la promoción de los Derechos Humanos es una cuestión fundamental. Ahora bien, no se trata únicamente de tener conocimientos específicos sobre la temática (qué son, a qué responden, cuál ha sido su evolución histórica, qué estrategias o técnicas pueden facilitar su aplicación en contextos concretos); el punto crítico está el profesional es capaz de manifestarlos en sus actitudes y comportamientos cotidianos en forma de virtudes tangibles.

Desde esta perspectiva, consideramos que la formación ética del profesional es una buena respuesta sobre qué puede hacer la educación para la promoción de los Derechos Humanos.

La consciencia moral de los profesionales de la educación social y del trabajo social es la que permite dialogar de forma crítica con el marco jurídico que enmarca su actividad para adecuarlo a las necesidades de las personas según sus circunstancias, de manera que realmente se consiga superar el reduccionismo de lo legal y se acerque al ideal de promoción de los Derechos Humanos. La capacidad de autocrítica y de compromiso con los deberes profesionales es el motor que crea las condiciones para el ejercicio de estos derechos entre las personas atendidas.