Deporte seguro, infancia protegida: hacia una cultura y un sistema integrados de protección

Hablar de deporte en la infancia suele implicar referirse a los beneficios que aporta, como la mejora de la salud y la autoestima, la cooperación o el sentido de pertenencia. Sin embargo, estos beneficios no excluyen la posibilidad de que se produzcan situaciones de violencia o negligencia. El proyecto «360 Safe Play», liderado por el Departamento de Consultoría y Estudios de la Fundación Pere Tarrés junto con siete socios europeos, se basa precisamente en esta contradicción: los mismos espacios que pueden fomentar el desarrollo, los vínculos y el bienestar también pueden convertirse en contextos en los que la violencia se invisibiliza, se normaliza o no se aborda adecuadamente.

Reconocer esta doble realidad implica también ampliar nuestra comprensión de la violencia en el deporte: va más allá de las formas más visibles de violencia, como la agresión física o sexual, e incluye también la humillación, la exclusión, las prácticas coercitivas, el abandono, el acoso, el silencio institucional y la ausencia de canales accesibles para solicitar ayuda. El estudio CASES, en el que participaron más de 10.000 jóvenes de seis países europeos, revela que el 70 % ha sufrido violencia psicológica, el 43 % violencia física, el 36 % violencia sexual sin contacto, el 34 % negligencia y el 20 % violencia sexual con contacto (Hartill et al., 2023).

Ante esta realidad, el proyecto propone desarrollar un sistema integral de protección en los clubes y organizaciones deportivas para niños y niñas de entre seis y catorce años. Esta propuesta entiende la protección no como una suma de medidas aisladas, sino como un proceso continuo que abarca desde la prevención y la detección precoz hasta la comunicación y la denuncia, la respuesta y la gestión de casos, los enfoques restaurativos y la gobernanza. Este sistema solo puede funcionar si involucra de manera conjunta a los diferentes actores del ecosistema deportivo, comunitario y de protección. 

Esto implica comprender que la protección no consiste únicamente en saber cómo reaccionar cuando surge una situación de violencia, sino en crear un entorno capaz de anticiparla, identificarla y responder a ella de manera coherente, situando los derechos de la infancia en el centro de la organización deportiva (Comisión Europea, 2024).

Una primera condición para una protección eficaz es reconocer a los niños y niñas como titulares de derechos y no solo como deportistas a los que los adultos deben proteger. A menudo, los sistemas de protección se diseñan desde una perspectiva adulta, a pesar de que son los niños y niñas quienes experimentan las relaciones, las presiones y los riesgos. Por este motivo, «360 Safe Play» propone procesos de cocreación adaptados a la edad, las capacidades y las diferentes formas de expresión de los niños y niñas, de modo que puedan identificar motivos de preocupación, explicar qué les hace sentirse seguros y evaluar si los mecanismos son comprensibles. El objetivo es que la participación vaya más allá de lo simbólico y se convierta en una parte fundamental del sistema de protección.

Este enfoque también requiere incorporar una perspectiva de equidad que nos permita identificar cómo factores como el género, la discapacidad, la situación socioeconómica, el origen, la situación migratoria o la identidad pueden generar desigualdades en el acceso, la visibilidad, la accesibilidad o el sentido de pertenencia (Larsson, 2021; Declerck et al., 2021; Tandon et al., 2021). Esta perspectiva ayuda a comprender que la discriminación no es solo individual, sino también estructural, especialmente cuando se entrecruzan diferentes ejes de desigualdad.

La confianza es igualmente esencial, ya que un sistema solo funciona si las personas sienten que pueden recurrir a él. Se denuncian menos del 10 % de los casos de violencia contra la infancia, y el número de casos no denunciados es elevado, especialmente en situaciones de pobreza o exclusión social (Unicef y el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, 2021). El miedo a las represalias, a perder oportunidades o a que no se les crea puede disuadir de denunciar. Los canales deben ser conocidos, accesibles, confidenciales y estar vinculados a una respuesta eficaz. La detección implica también aprender a interpretar lo que con demasiada frecuencia se ha normalizado: el aislamiento, la ansiedad, la pérdida de interés o la presión excesiva pueden ser manifestaciones de un malestar que el niño o niña aún no sabe explicar.

La protección se sustenta también en la corresponsabilidad de la comunidad: los niños y niñas, las familias, los entrenadores, los voluntarios y voluntarias, los equipos directivos, las federaciones, los servicios sociales, los centros educativos, los servicios sanitarios y las autoridades forman parte del mismo ecosistema de protección. El reto consiste en que esta red no exista solo sobre el papel, sino en definir quién actúa, cómo se comparte la información y cuándo es necesario derivar los casos, así como en configurar un sistema integrado basado en una red coherente de responsabilidades, recursos y circuitos coordinados.

Sin embargo, el hecho de contar con protocolos, normas o figuras de referencia no garantiza que un entorno sea seguro. En España, la LOPIVI —Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia— reconoce el deporte como un ámbito en el que pueden darse situaciones de violencia y establece obligaciones como la formación de los profesionales, la figura del delegado de protección y protocolos específicos. No obstante, persisten las dificultades a la hora de identificar situaciones de violencia y saber cómo actuar, lo que pone de manifiesto la brecha existente entre los requisitos del marco normativo y la capacidad real de los clubes y organismos deportivos para aplicarlos en la práctica cotidiana. Esta brecha no es solo técnica, sino también cultural, ya que las asimetrías de poder, la humillación normalizada, la competitividad extrema, los estereotipos o el silencio institucional pueden perpetuar la violencia incluso cuando existe un protocolo.

El reto no consiste únicamente en contar con una política de protección, sino en convertirla en una cultura compartida y en un sistema integral. Una cultura en la que los derechos y el trato respetuoso impregnen la forma en que entrenamos, nos comunicamos, tomamos decisiones y abordamos los conflictos que puedan surgir, evitando que se normalicen o se conviertan en situaciones de riesgo. Un sistema integral para que esta protección no dependa de una sola persona, sino que articule la prevención, la detección, la comunicación segura, la derivación, el apoyo, el seguimiento y la coordinación.

Por lo tanto, la protección no puede reducirse a una obligación normativa ni concentrarse en una única función, sino que debe traducirse en un reparto claro de responsabilidades entre las personas, las organizaciones y las instituciones, de modo que cada agente conozca su función, el alcance de sus responsabilidades y cuándo activar los procedimientos de protección o derivar los casos a los servicios competentes. Hacer del deporte un espacio protector implica, por tanto, construir una cultura de protección sustentada en un sistema coherente, con funciones definidas, procedimientos claros e instituciones y agentes capaces de actuar de forma adecuada dentro de su ámbito de responsabilidad.

Referencias bibliográficas sugeridas

Hartill, M., Lang, M., Vertommen, T., Allroggen, M., Calafat, A., Chroni, S., Papaefstathiou, M., Rhind, D., Rulofs, I., & Kampen, J. K. (2023). The prevalence of interpersonal violence against children in sport in six European countries. Child Abuse & Neglect, 146, 106513. doi.org

360 Safe Play Consortium (2026). Estado actual de las políticas europeas de protección de la infancia, marco jurídico y mejores prácticas alineadas de asociaciones académicas y deportivas.

Declerck, L., Stoquart, G., Lejeune, T., Vanderthommen, M., Kaux, J.-F. (2021). Barreras para el desarrollo y la expansión de la actividad física y el deporte adaptados para personas con discapacidad física en clubes y centros deportivos. Science & Sports, 36(3), 202–209.

Comisión Europea (2024). Recomendación (UE) 2024/1238 de la Comisión sobre el desarrollo y el refuerzo de sistemas integrados de protección de la infancia en el interés superior del niño.

Jones, L., Bellis, M. A., Wood, S., et al. (2012). Prevalencia y riesgo de violencia contra los niños con discapacidad: una revisión sistemática y un metaanálisis. The Lancet, 380(9845), 899–907.

Larsson, H. (2021). El discurso sobre la igualdad de género en el deporte juvenil: un ejemplo sueco. Journal of Gender Studies, 30(6), 713-724.

Tandon, P. S., Kroshus, E., Olsen, K., Garrett, K., Qu, P., McCleery, J. (2021). Desigualdades socioeconómicas en la participación de los jóvenes en la actividad física y el deporte. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(13), artículo 6946.

Unicef, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (2021). La infancia y la violencia: un estudio participativo con niños, niñas y adolescentes.