Los vínculos comunitarios, la espiritualidad y el deporte: factores de protección para los jóvenes sin hogar

La falta de hogar entre los jóvenes —es decir, la existencia de un número cada vez mayor de jóvenes que carecen de una residencia fija, segura y adecuada, y que a menudo tienen dificultades para acceder a servicios básicos como la alimentación, la asistencia sanitaria, la educación o el empleo— es una realidad social innegable y muy visible en Barcelona. Con el objetivo de analizar esta realidad, comprender los factores que han llevado a estos jóvenes a una situación tan precaria e identificar posibles factores de protección que puedan ayudarles a minimizar el riesgo social, la Facultad de Educación Social y Trabajo Social «Pere Tarrés» de la URL y la organización Mensajeros de la Paz de Cataluña han aunado fuerzas en un estudio de dos años de duración que ya ha arrojado algunas conclusiones.

Se estima que solo en la ciudad de Barcelona hay casi 5.000 personas sin hogar, de las cuales 1.982 duermen a la intemperie a diario, según el último recuento anual de la Fundación Arrels. Según datos de la Red de Atención a las Personas sin Hogar, en 2019 los jóvenes de entre 18 y 30 años representaban el 17,9 % de la población atendida por las organizaciones de la red y los menores de 25 años, el 6 % del total, siendo una gran mayoría de ellos migrantes de nacionalidad extranjera. La investigación, ya finalizada, coordinada por varios investigadores del Grupo de Investigación en Innovación y Análisis Social de la Facultad Pere Tarrés, se centró en una muestra de 30 jóvenes vinculados a los proyectos que «Mensajeros de la Paz» desarrolla en la parroquia de Sant Anna de Barcelona, rebautizada como «Hospital de Campaña de Santa Anna», que lel año pasado acogió a 2 723 personas en su comedor social y a 1 479 personas en la acogida inicial, con el siguiente perfil: el 28,1 % de las personas atendidas tienen entre 18 y 25 años (una proporción muy superior a la representación de ese sector en la ciudad) y la gran mayoría son de origen migrante: el 51,6 % procede del norte de África, el 18,1 % de América Latina, el 9,2 % del África subsahariana y solo el 9,3 % es de origen español.

La investigación se basó en 30 entrevistas en profundidad con algunos de estos jóvenes, Todos ellos son migrantes de primera generación y carecen de redes familiares o sociales previas en la zona; en el estudio relatan cómo su vida cotidiana se ve marcada por la soledad de los migrantes, la ausencia de apoyo local y una importante privación material: una proporción significativa duerme a la intemperie o recurre a recursos de alojamiento puntuales, como albergues o espacios ocupados. Asimismo, necesitan apoyo institucional para alimentarse, comer, ducharse, descansar o asistir a cursos de formación. En lo que respecta al trabajo, la mayoría tiene que recurrir a empleos esporádicos, como la recogida de chatarra, las mudanzas o pequeños trabajos de construcción, que solo proporcionan unos ingresos mínimos, pero ninguna estabilidad. 

El estudio identifica en primer lugar los principales factores de riesgo que han llevado a estos jóvenes a su situación actual: la precariedad material, centrada principalmente en la falta de una vivienda estable y la imposibilidad de acceder al mercado laboral formal; la irregularidad administrativa; la fragilidad de los vínculos sociales, ya que muchos jóvenes, debido a su origen y a su situación marginal, viven aislados y perciben la ciudad como un entorno hostil; el duelo migratorio, es decir, la pérdida de familiares, amigos y referencias culturales, que a menudo se vive en silencio para no preocupar a los familiares en su país de origen; y las barreras institucionales: la rigidez administrativa, la falta de plazas o las listas de espera, factores que impiden el acceso al empleo y a la estabilidad en la vivienda, lo que prolonga la vulnerabilidad y genera desconfianza en el sistema. 

En contraste con estos elementos que agravan la vulnerabilidad y la fragilidad del grupo analizado, el estudio también identifica factores protectores que pueden ayudar a estos jóvenes a afrontar situaciones de precariedad. El principal es el apoyo social, que puede provenir de los amigos, de la familia a distancia, de profesionales clave o de espacios comunitarios donde los jóvenes encuentran ayuda, conexión y un sentido de pertenencia, así como la participación en los recursos del barrio o en actividades deportivas, lo que se considera un espacio para el bienestar emocional y la socialización. También se destacan los recursos personales de cada individuo: la paciencia, la capacidad de autorregulación, las habilidades sociales, la perseverancia o la voluntad de aprender la lengua y la cultura del país de acogida. El estudio muestra que, incluso en situaciones muy difíciles, muchos jóvenes mantienen una actitud activa en la búsqueda de soluciones y no se quedan paralizados. Otro factor protector es la experiencia positiva de las dificultades cotidianas, lo que incluye el sentido del humor y la capacidad de ver los obstáculos como una oportunidad de aprendizaje. Por último, valores como la construcción de un proyecto de vida y la esperanza de una mejora futura también pueden contribuir en gran medida a superar esta precariedad, a menudo a través de la espiritualidad o la religiosidad.

En conclusión, el informe presenta algunas propuestas para replantear y mejorar las políticas públicas destinadas a abordar la situación de los jóvenes sin hogar. Por ejemplo, crear centros de apoyo más coordinados y geográficamente accesibles para evitar largos desplazamientos por la ciudad; agilizar los trámites administrativos; mejorar la formación y la estabilidad profesional de los equipos de apoyo; incorporar el apoyo emocional y educativo a la atención de estos jóvenes, y no limitarse únicamente a la provisión inmediata de las necesidades materiales; incorporar en la propia estructura de la intervención con estos jóvenes actividades relacionadas con el deporte, la dimensión espiritual o religiosa, la creación de espacios de orientación y reflexión, o el establecimiento de redes de apoyo y comunitarias, dada su importancia como espacios de bienestar y pertenencia; y, sobre todo, orientar las políticas públicas de manera que se garanticen los derechos fundamentales de los que estos jóvenes carecen actualmente, como la regularización administrativa, el acceso a una vivienda asequible o la posibilidad de estar libres de cualquier forma de discriminación institucional.