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El proyecto de Ley catalana de Servicios Sociales y la nueva ley estatal de la Dependencia que pretende garantizar el denominado cuarto pilar del Estado del Bienestar son dos iniciativas recientes que reforzaran, sin lugar a dudas, las garantías sociales. El Estado, la administración, garantizará los servicios, dotará de recursos y, o bien directamente o bien a través de la concertación de servicios, preferentemente con entidades sociales sin ánimo de lucro, se prestarán las atenciones necesarias en el ámbito de la dependencia y en el caso catalán para el conjunto de los servicios sociales. Este reconocimiento de derechos de los ciudadanos y la asunción de la responsabilidad por parte de los poderes públicos es una muestra de madurez social y, sin lugar a dudas, una garantía para las personas. El término publificación es el utilizado para referirse a que un servicio prestado por diferentes actores sociales es reconocido como necesario por la administración y ésta decide universalizarlo, garantizándolo para todas las personas. Las dos iniciativas legislativas citadas son un ejemplo de reconocimiento de derechos públicos que se generalizan. Las carencias sociales son muchas, las iniciativas que se pueden tomar por el bien de las personas son diversas, y la riqueza de la libertad en una sociedad conduce a que sean atendidas de formas variadas y ricas para los individuos. Publificar unos servicios que, por la necesidad de los beneficiarios y por la madurez de los prestatarios son reconocidos como universales, no implica que otras carencias no puedan ser atendidas, aunque no se reconozcan como derecho universal. Evidentemente, no todo es publificable, ni por los recursos económicos que tienen las administraciones ni por respeto a la libre iniciativa social. Incluso por razones prácticas al gobernante le resulta cómodo respetar la libre iniciativa en la atención a las personas con carencias de diversa índole ¿Qué mejor para una comunidad que contar con una sociedad responsable? La eficiencia del tercer sector, de las entidades sociales, es grande; éstas atienden con pocos recursos a las personas y, a menudo, esos recursos se captan en gran medida del sector privado. Es bueno que la administración reconozca, incentive y apoye en forma de subvenciones a la libre iniciativa. Hacerlo ayuda al dinamismo social, ahorra dinero al contribuyente y respeta un derecho fundamental como es la libre iniciativa. No hacerlo por tener el control ahoga a la sociedad y conduce a modelos intervensionistas, ilógicos en sociedades abiertas modernas. Los servicios que por su interés se puedan garantizar –publificar– son tan necesarios como aquellos que se prestan desde la libre iniciativa social y que merecen también cierto apoyo público.
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Josep Oriol Pujol