 |
|
|
En una interesante conferencia dictada en el Forum Social Pere Tarrés, El Director General de una de las mayores cajas de ahorro explicó la voluntad de priorizar los recursos de la obra social hacia la atención a la dependencia. La ley española de atención a la dependencia defendida como cuarto pilar del estado del bienestar viene a cubrir, sin ninguna duda, una carencia social importante. La prensa nos ha informado con significativos titulares de los recursos públicos que se movilizarán y los puestos de trabajo que se prevén crear. Unas semanas antes, la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, aseguró en una conferencia de este mismo Foro Social Pere Tarrés que la Ley de la Dependencia supondrá una inversión adicional de 13.000 millones de euros entre los años 2007 y 2015, lo que significa un gran esfuerzo inversor por parte del Estado. Sin duda alguna, reconocer la labor de los familiares que atienden a una persona dependiente en el hogar es un acto de justicia y un gran avance social. Así mismo promover la figura del asistente personal externo, que mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad, incrementando su movilidad y autonomía respecto al entorno familiar debe de ser motivo de satisfacción para toda persona responsable socialmente. De esta manera, la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, consolida el modelo de economía social de mercado europeo ampliando garantías sociales para un colectivo que sin duda las precisa. Pese a las alegrías y la satisfacción merece, esta nueva ley también ha despertado la inquietud de las ONG de acción social preocupadas porque que todos los recursos públicos disponibles, y buena parte de los privados (como los procedentes de las cajas de ahorro), se orienten a la nueva prestación, olvidando así el imprescindible apoyo a centenares de proyectos que atienden otras necesidades de las personas. Incluso preocupa que asociaciones, fundaciones o la sociedad civil sean percibidas por alguna administración sólo como un “operador” más que debe centrarse en prestar los servicios que el legislador ha reconocido y que los diversos ejecutivos planificarán. Sin duda, las entidades tienen un papel significativo en la aplicación de la Ley de la Dependecia, pero también lo tienen en la atención a muchas otras carencias que siguen existiendo y siguen precisando recursos económicos como por ejemplo la promoción de la persona desde la educación, la prevención de toxicomanías o casos de organizaciones sociales como la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD), ¿van a poder encontrar recursos en la administración o en la obra social de las cajas de ahorros si el Estado planificador ha fijado una prioridad con tanta fuerza? Legislar implica movilizar recursos y fijar prioridades, pero atención al riesgo de que esta nueva cobertura limite demasiado la iniciativa social y frene la atención a muchas otras carencias, así como la libre iniciativa en acciones de promoción de la persona diseñadas pensando en el interés general o de colectivos desfavorecidos.
|
Josep Oriol Pujol