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Como cada inicio de curso, vuelve a ser noticia el coste que para las familias supone la vuelta “al cole”. En esta ocasión, ha sido un estudio de la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes –FUCI–, quién hace unos días nos anunciaba que el inicio de las clases supone un coste promedio en España de 825 €, 1.068 € en Cataluña para cada alumno, incluyendo ropa, matrícula, libros, material y transporte. Las conclusiones suelen ser cuestionar el precio de artículos y servicios y reclamar a la administración que asuma el coste. Es obvio que las ayudas sociales o la reutilización de los libros que promueven algunos centros son medidas insuficientes para muchos hogares. Y que, sin duda, las incipientes ayudas a las familias de nuestro país son irrelevantes comparándolas con los países más avanzados socialmente de la Unión Europea. Pero tal vez deberíamos tener en cuenta otras consideraciones. De entrada, plantearnos que es posible que si la administración se hiciera cargo del pago de algunos servicios, al final estas redistribuciones de renta podrían acabar suponiendo un coste superior debido a la ineficiencia del sistema que podrían acabar pagando, en parte, las mismas familias. Y especialmente sería conveniente reflexionar sobre la responsabilidad de la libre decisión de tener hijos que, obviamente, comporta consecuencias económicas. Quien decide formar una familia, siempre que su nivel económico sea suficiente, debe ser consciente que esta decisión va a suponer una inversión de recursos. Y ¿qué mejor inversión que la educación de nuestros hijos? La educación es el principal patrimonio que podemos legar a las jóvenes generaciones. Sus conocimientos, habilidades, valores y calidad personal es lo que les permitirá afrontar el futuro autónomamente y ser felices. Y sin duda, una educación de calidad implica también unos costes.
*Director General de la Fundació Pere Tarrés.
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